La participación nuevamente escondida a los naroneses.

La participación ciudadana de Narón es una pantomima muy vieja en la que desgraciadamente ya casi nadie cree, aunque el Tripartito no la ignora porque es algo que le viene impuesto legalmente, y porque les da cierta visibilidad ante los vecinos, especialmente a la concejala del PSOE.

Vienen gastándose en torno a 40.000 euros anuales para contratar a una empresa para organizar 26 reuniones (y levantar actas, algo reservado a un funcionario en el reglamento) con entidades vecinales a lo largo del año (unos 1.540 euros por reunión de una hora de duración aproximadamente), reuniones a las que generalmente acuden más políticos que vecinos (en muchas ocasiones sólo 2 o 3 personas de las entidades convocadas) y en las que poco más se hace que recoger algunas quejas o peticiones de mejora, a veces históricas, a las que en su mayoría no se les da respuesta, ni se actúa en consecuencia. Los famosos presupuestos participativos volvieron a ser una quimera otra legislatura más.

El pasado año se abrió un periodo para presentar propuestas para la reforma del reglamento de participación ciudadana, sólo Eliximos y una persona presentaron propuestas, pero como no gustaron, y con la disculpa de introducir mejoras relativas a igualdad de género, no se llegaron a debatir ni a considerar, así que fue otra burla más.

Como ahora la ley obliga a someter a “consulta pública” ciertas normas y reglamentos (con carácter previo a su elaboración), y hay que justificar que se hace algo en cuanto a participación, se contrató una plataforma para colgar documentos y que la gente pueda opinar. Por cierto, se optó por una plataforma de participación cara y bastante deficiente, en lugar de instalar software gratuito y de mejor resultado.

La plataforma Narón Participa se estrenó con la publicación de 3 ordenanzas y 2 reglamentos a comentar en 15 días y sin publicidad, tras las críticas se amplió el plazo a 2 meses y se publicitó un poco. Como era de esperar hubo poca participación, pues a la gente le cuesta bastante tragarse 100 páginas de reglamentos para analizarlos y proponer mejoras en un plazo de 15 días, máxime sin garantías de que sirva de algo. Ninguna explicación sobre las mismas, tampoco reuniones, ni diálogo, ni debates, así que la participación sólo es para quien lo pueda hacer por internet.

Ahora la historia se repite, el 26 de diciembre quitan simultáneamente 4 reglamentos y un expediente de contratación (algo no previsto) sin publicidad y sin que nadie se entere, con plazos de 16 días en 3 casos y un mes en los otros dos. Falta nuevamente la transparencia, parece que se trata de justificar el requisito pero sin dar pie a la participación (ni siquiera por internet).

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