Irracionalidades en el acceso a las casas por las obras de ampliación de O Trece.

En Sedes se está a repetir un problema con el acceso a las propiedades, problema de sobras conocido y, por lo tanto, entendemos que interesadamente no resuelto por parte de las Administraciones.

La ley establece que la construcción de los accesos a las carreteras corren por cuenta de los propietarios de las parcelas colindantes (previo permiso correspondiente) a pesar de ser actuaciones que en parte se ejecutan sobre suelo público. En condiciones normales es razonable que así sea, dado que responde a su interés particular.

No obstante, el caso de obras de ampliación de carreteras, como la de O Trece, se dan otras circunstancias a tener en cuenta:

  1. La falta de conocimiento de la situación final de la obra y de los plazos de ejecución (muy dilatados en el caso de O Trece) impide solicitar con mucha antelación los permisos de obra y también la contratación de las mismas.
  2. Al no contratar el vecino el trabajo a la empresa ejecutora de la obra, se presenta un problema de coordinación en la ejecución de los trabajos, presentando el problema añadido de no poder ejecutarse normalmente en una sola fase debido a que el aislamiento se produce con bastante anterioridad a la fase de acabados, momento antes del que difícilmente se puede hacer un remate adaptado a la obra ejecutada.
  3. Dado que no se puede condenar a los vecinos sin accesos, y ante la imposibilidad de que estos resuelvan el problema por sus medios en el corto plazo, la empresa ejecutora tiene la obligación de instalar accesos provisionales para los mismos, y esto se vuelve un problema logístico cuando son muchos los casos a solventar por la empresa.
  4. Ante esta situación tenemos un problema complejo en el que las empresas suelen incumplir sus deberes, e incluso forzar a los vecinos a aislamientos e incomodidades, a la búsqueda de soluciones provisionales (muchas veces poco adecuadas), y, en ocasiones, a recurrir a personas del entorno de la obra que se aprovechan de la necesidad para hacer caja.

Esta es una situación irracional que no debiera de darse y que tendría que venir resulta como parte de la obra, lo que repercutiría tanto en beneficio de los vecinos como del propio contratista y, por ende, de la Administración. El proyecto ya debiera de contemplar la ejecución de la reposición de los accesos en la parte pública, aunque teniendo en cuenta la situación final del entorno (relieves y otros) para que dicho acceso resulte operativo.

Sin embargo, la búsqueda de supuestos ahorros y una visión poco racional del problema, y a veces interesada, nos llevan a situaciones que, cuando menos, debemos rechazar.

Esperamos que esta situación se resuelva con prontitud en la ampliación de O Trece.

Deja un comentario